La encuesta bajo sospecha
Las encuestas internas prometen ordenar la competencia. Cuando sus métodos no se conocen, también pueden alimentar la desconfianza.
Por Efraín Delgadillo Mejía
Ciudad de México — Septiembre de 2026
Zacatecas, septiembre de 2026. La encuestadora GobernArte registró una ventaja de 24.7 puntos para Verónica Díaz Robles, cercana al gobernador David Monreal, pese a que otras siete mediciones la ubicaban detrás. Ese contraste terminó pesando en la decisión interna. No hubo una anulación ni una impugnación pública capaz de revertirla. El resultado se mantuvo. La controversia, también.
Una encuesta no disipa dudas cuando su método permanece fuera de la vista.
De Guerrero a Colima y a Tlaxcala, las disputas internas rumbo a 2027 muestran un problema recurrente: en varios estados, el aspirante favorecido coincide con la preferencia atribuida al gobernador en turno. En Guerrero, Beatriz Mojica Morga se impuso entre quince aspirantes, pero la dirigencia nacional no difundió los porcentajes y se limitó a señalar que la decisión se basó en “encuestas de reconocimiento y mediciones espejo”. En Quintana Roo, seguidores de Rafael Marín Mollinedo acusaron irregularidades tras la victoria de Eugenio Segura Vázquez, mientras el desglose completo no se hizo público. En Colima, Gricelda Valencia presentó una queja formal después de perder frente a Rosi Gallardo. En Nuevo León, Tatiana Clouthier, Andrés Mijes y Judith Díaz cuestionaron el proceso por separado. En Baja California, la designación de Julieta Ramírez se mantuvo aun después de que medios informaran sobre su exposición legal en Estados Unidos.
La falta de transparencia no prueba una imposición. Pero impide descartarla.
La controversia tampoco es exclusiva de este ciclo electoral. En 2023, un reportero documentó conflictos por el manejo de encuestas en 20 de 24 procesos internos de Morena; solo Sonora, Campeche, Hidalgo y el Estado de México transcurrieron sin sobresaltos. Cristóbal Arias dejó el partido tras el proceso de Michoacán. En Sinaloa, un dirigente calificó el ejercicio como “un asalto”. El caso más revelador provino de un beneficiario: Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa, ha reconocido públicamente que en 2021 no ganó la encuesta original y que el resultado cambió después de la intervención de López Obrador. Su relato no resuelve por sí solo todos los casos, pero vuelve difícil tratar las dudas como episodios aislados.
Ahí aparece la contradicción que Morena debe explicar. El partido llegó al poder prometiendo romper con el dedazo, el cacicazgo regional y las decisiones tomadas en la antesala del poder. Ese compromiso se resumió en tres palabras: no robar, no mentir, no traicionar. Sin embargo, cuando una encuesta interna es diseñada por el partido, realizada por firmas elegidas por el partido y difundida sin todos sus datos, la coincidencia frecuente con las preferencias de los gobernadores deja de ser un asunto meramente técnico. Se convierte en una prueba de credibilidad.
La pregunta no es solo quién ganó. Es si el proceso permite saber por qué ganó.
El problema comienza antes de la jornada electoral. Si las metodologías no se auditan, las muestras no se publican y los márgenes de error no se explican, la incertidumbre queda en manos de quienes administran el proceso. Eso no basta para demostrar un fraude, pero sí para debilitar la legitimidad del resultado. Y esa ambigüedad resulta funcional: difícilmente llega a un tribunal electoral una decisión interna cuyos criterios completos no están disponibles para ser examinados.
El costo se mide también dentro del partido. Cada aspirante que considera injusta una encuesta no solo pierde una candidatura; puede perder la confianza en el proyecto que defendió. Cristóbal Arias se fue. Gricelda Valencia presentó una queja. Rocha Moya describió una intervención que aún proyecta preguntas sobre el método. Cada salida, denuncia o testimonio erosiona el argumento con el que Morena se distinguió de las prácticas del pasado.
En 2027, Morena no solo enfrentará a la oposición. También enfrentará la memoria de sus propias promesas.
Un movimiento que denunció la simulación democrática está obligado a demostrar que su competencia interna es verificable. Si los gobernadores influyen —de forma directa o indirecta— en las candidaturas que después validan las encuestas, la Cuarta Transformación corre el riesgo de reproducir las prácticas que prometió superar. El reto no es únicamente ganar en 2027. Es acreditar, antes, que una encuesta es un mecanismo de decisión y no una cobertura técnica para una decisión ya tomada.
Una victoria interna puede ser legal y, aun así, no resultar convincente. Sin transparencia, la encuesta deja de cerrar la disputa: la prolonga.
