Roma tenía pan y circo. México tiene tarjeta.
Por Efraín Delgadillo Mejia
Para novedades, los clásicos.
«Duas tantum res anxius optat, panem et circenses.» («Solo dos cosas desea con ansia: pan y circo.») Juvenal, Sátiras X, siglo II d. C.
Juvenal lo escribió de un pueblo que había vendido su voto a cambio de sustento y espectáculo. Casi dos mil años después, la advertencia sigue vigente.
Nadie razonable discute que una persona mayor, una madre soltera o un estudiante merezcan el respaldo del Estado. Ese consenso es un logro de la democracia mexicana. El problema no es la tarjeta, sino pedirle lo que ninguna tarjeta puede dar.
Conviene ser justos con los datos. Entre 2022 y 2024 la pobreza multidimensional bajó de 36.3% a 29.6%, y el Gini, de 0.431 a 0.420. Los salarios y las transferencias explican buena parte de ese alivio, y negarlo sería mala fe. Pero una transferencia mide el alivio, no la salida. Sube el ingreso de hoy sin construir la capacidad de generarlo mañana.
Esa capacidad es la que falta. El 48.2% de los mexicanos, unos 62.7 millones, carece de seguridad social. El 34.2% no tiene acceso a servicios de salud, frente a 15.6% en 2016, aunque la encuesta cambió sus preguntas y la comparación exige cautela. La mayoría de quienes se atienden lo hace en consultorios privados, pagando de su bolsillo. El ingreso sube; la protección, no.
Sin crecimiento, la cuenta no cierra. La economía avanzó 0.8% en 2025, el cuarto año consecutivo de desaceleración desde el 6.3% de 2021, y el PIB per cápita quedó en niveles de 2017. Un país que reparte más de lo que produce no está construyendo prosperidad, está administrando un límite. Sin crecimiento no hay empleo formal, sin empleo formal no hay cotización y sin cotización no hay pensión sostenible. El CIEP estima que las pensiones sumarán 2.4 billones de pesos en 2027, 6.3% del PIB: más del doble del gasto en salud, 1.7 veces el de educación y 2.2 veces la inversión pública. La mayor parte son pensiones contributivas que crecen por el envejecimiento, pero la lección es la misma. Un Estado que gasta cada vez más en el pasado y en el presente invierte cada vez menos en el futuro.
Aquí aparece el asunto de fondo, el democrático. Un derecho fortalece al ciudadano; un favor lo vuelve deudor. La encuesta MCCI-Reforma de 2022 mostró que 52% de los beneficiarios directos atribuía sus apoyos al presidente y solo 15% a su partido. Entre ellos, 61% pensaba votar por Morena, una brecha de 23 puntos frente a quienes no reciben apoyos. Casi la mitad veía a los Servidores de la Nación como representantes políticos del presidente. La correlación no prueba coacción, y la mayoría de los beneficiarios vota con libertad. Pero cuando el apoyo se vive como un favor personal, castigar al gobierno en las urnas deja de parecer racional.
Ahí está el riesgo. Una democracia necesita ciudadanos con autonomía económica: empleos formales, crédito, escuelas, hospitales y un ingreso que no dependa de la buena voluntad de nadie. Cuando la política social solo administra la dependencia, el voto se vuelve un trámite de conservación. Y con un techo fiscal cada vez más cercano, la promesa se torna frágil, y las promesas frágiles se defienden con más control, no con más deliberación.
Lo que se necesita es una escalera. Los apoyos deben mantenerse, pero acompañados de servicios de salud que funcionen, de una educación que eleve la productividad, de inversión que genere empleo formal y de programas con reglas claras, padrones auditables y evaluación independiente.
Roma tuvo pan y circo, y le sobró. Le faltaron ciudadanos. Una tarjeta es un piso, y ningún país llegó jamás al desarrollo viviendo en el piso.