Disminución de la pobreza: un parteaguas para la política social

El 13 de agosto de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó por primera vez en la historia de México la medición oficial de la pobreza multidimensional, una atribución que hasta 2024 ejercía el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, y la reforma a leyes secundarias vigente desde el 17 de julio de este año, dieron al INEGI la responsabilidad de realizar esta tarea con metodología oficial y obligatoria. El resultado no sólo es un dato estadístico: es un mapa social, un diagnóstico del país real, un espejo en el que se refleja el reto central del proyecto de la Cuarta Transformación bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y ahora, en continuidad, con Claudia Sheinbaum.

Los números son elocuentes: en 2024 había 38.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, lo que representa el 29.6 % de la población nacional. Entre ellas, 7 millones se encontraban en pobreza extrema. Comparado con 2022, la cifra total de personas pobres se redujo en 8.3 millones y la de pobreza extrema en 2.1 millones. Es un avance que no puede minimizarse, tampoco echar las campanas al vuelo; debe analizarse con lupa: aún 3 de cada 10 mexicanos no tienen garantizado el ejercicio pleno de al menos uno de sus derechos sociales y carecen de ingresos suficientes para cubrir una canasta alimentaria y no alimentaria.

La pobreza multidimensional, como la define el propio INEGI, combina dos factores: insuficiencia de ingresos y carencia en al menos uno de seis derechos básicos —educación, salud, seguridad social, vivienda digna, servicios básicos en la vivienda y alimentación nutritiva—. No se trata, pues, de un indicador meramente económico, sino de una radiografía de las privaciones acumuladas que impiden a millones de personas alcanzar condiciones mínimas de bienestar.

El cambio metodológico tiene implicaciones políticas y de política pública. Al concentrar en el INEGI la atribución de medición, el gobierno federal busca unificar criterios y blindar la estadística frente a disputas institucionales. Sin embargo, el riesgo es que se confunda la medición con la solución: los datos, por más precisos que sean, no reducen la pobreza por sí solos. Lo que los números muestran es que la política social basada exclusivamente en transferencias monetarias y en el flujo récord de remesas no es suficiente para garantizar movilidad social sostenida.

La reducción de la pobreza en 8.3 millones de personas entre 2022 y 2024 coincide con un aumento en el gasto social y con un mercado laboral que se recuperó tras la pandemia. Pero el informe también señala que la población vulnerable por carencias sociales creció 2.7 puntos porcentuales, alcanzando 32.2 % en 2024. Esto significa que, aunque menos personas están por debajo de la línea de pobreza, más viven al filo de ella, sin un piso firme de derechos garantizados.

Este fenómeno confirma una vieja lección: las transferencias directas, aunque indispensables, no sustituyen la creación de empleos formales con seguridad social, salarios dignos y estabilidad. El ingreso laboral es el motor real de la movilidad social. En los estados con menor pobreza —Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila y Sonora— no sólo hay más inversión privada, sino mejores tasas de formalidad y productividad. En cambio, las entidades con mayor pobreza —Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla— concentran el empleo informal, bajos niveles educativos y una estructura económica basada en actividades primarias de bajo valor agregado.

Es aquí donde la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta su prueba de fuego. El reto no es únicamente mantener los programas sociales, sino acompañarlos de políticas industriales, de innovación y de infraestructura que integren a las regiones rezagadas a cadenas de valor más competitivas. La experiencia internacional lo demuestra: Corea del Sur, Irlanda o incluso Brasil en su mejor década lograron avances sociales sostenidos cuando combinaron transferencias con empleo productivo y una estrategia regional.

Los datos del INEGI confirman lo que cualquier viajero atento percibe al recorrer el país: la pobreza en México tiene una geografía definida. En Chiapas, dos de cada tres habitantes son pobres multidimensionales (66 %). En Guerrero y Oaxaca, más de la mitad vive en esa condición. Estas cifras son consistentes con décadas de abandono en infraestructura, baja inversión en capital humano y una histórica dependencia de programas asistenciales.

En contraste, los estados fronterizos del norte y aquellos con fuerte integración industrial muestran niveles de pobreza inferiores al 15 %. Esto no significa que vivan en un paraíso social —la inseguridad, la vivienda cara y la precarización laboral también son realidades—, pero sí revela que la actividad económica diversificada y la conexión con mercados de alto poder adquisitivo generan mejores oportunidades para salir de la pobreza.

@onelortiz

https://youtu.be/CFNx26HLSc0?si=NQuED94KDci7Pmqs