La fiesta brava durante el Porfiriato: modernización, contradicciones y control social

Por Onel Ortíz Fragoso

@onelortiz

https://youtu.be/uCaXj81xnOw?si=mDiHNeC3YFi3F0F3

Hablar de la fiesta brava durante el Porfiriato es adentrarse en una de las paradojas más nítidas del régimen encabezado por Porfirio Díaz: mientras se proclamaba el orden, el progreso y la modernización bajo moldes europeos, se impulsaba —con decisión política y respaldo institucional— un espectáculo profundamente arraigado en la tradición popular mexicana y heredado de la cultura mestiza colonial. La tauromaquia, lejos de ser un residuo del pasado, se convirtió en un fenómeno de masas, en un negocio rentable y en una herramienta funcional al proyecto porfirista de gobernabilidad.

El debate en torno a las corridas de toros durante este periodo no puede reducirse a una simple dicotomía entre tradición y barbarie, ni mucho menos a una discusión moral descontextualizada. La fiesta brava fue, ante todo, un espacio donde confluyeron intereses económicos, tensiones culturales, disputas ideológicas y estrategias políticas de control social. Su auge durante el Porfiriato revela mucho más sobre el régimen que sobre los toros mismos.

Del veto juarista al pragmatismo porfirista. El 28 de noviembre de 1867, en los estertores de la Restauración de la República, Benito Juárez emitió un decreto que prohibía las corridas de toros en el Distrito Federal. La decisión no fue menor ni anecdótica: respondía a una visión liberal que buscaba “civilizar” las costumbres, erradicar espectáculos considerados violentos o retrógrados y construir una moral pública acorde con los valores del Estado laico y republicano. Durante 19 años, esa prohibición se mantuvo vigente, incluso en un país donde la afición taurina seguía viva en amplios sectores de la población, aunque de manera informal recurrente y cotidiana se realizaban festejos taurinos en pueblos y plazas clandestinas.

La llegada y consolidación del régimen porfirista modificó radicalmente ese enfoque. El 17 de diciembre de 1886, Porfirio Díaz derogó el decreto juarista, abriendo la puerta a una reactivación inmediata y espectacular de los festejos taurinos en la capital y en diversas regiones del país. No se trató de una concesión menor ni de un gesto cultural inocente: fue una decisión política cuidadosamente calculada.

Díaz comprendió algo que Juárez nunca quiso aceptar: las corridas de toros no sólo eran una tradición popular profundamente arraigada, sino también una fuente extraordinaria de ingresos fiscales y un eficaz mecanismo de entretenimiento masivo en una sociedad marcada por profundas desigualdades sociales. En un régimen autoritario que necesitaba estabilidad, la distracción también era una forma de gobierno.

La derogación de la prohibición detonó una auténtica fiebre taurina. Las corridas se multiplicaron, los empresarios invirtieron capitales considerables y la Ciudad de México se llenó de cosos levantados con una rapidez que hoy resulta sorprendente. La plaza de toros de la Condesa, conocida como El Toreo, se convirtió en uno de los espacios más emblemáticos del periodo, no sólo por su capacidad y arquitectura, sino por su centralidad en la vida social y económica de la capital.

La tauromaquia se integró plenamente a la economía urbana. Generaba empleos directos e indirectos —toreros, ganaderos, cuadrillas, músicos, vendedores ambulantes, impresores de carteles, transportistas— y movilizaba grandes cantidades de dinero cada fin de semana. El impuesto del 15% sobre el importe total de las entradas, establecido tras la derogación de 1886, se convirtió en una fuente relevante de recursos públicos.

Como documenta la historiadora María del Carmen Vázquez Mantecón, esos recursos no tenían un destino abstracto ni simbólico. Estaban claramente etiquetados para financiar una de las obras más urgentes del Porfiriato: el desagüe de la Ciudad de México. En su ensayo ¡Toros sí! ¡Toros no! Del tiempo cuando Benito Juárez prohibió las corridas de toros, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Vázquez Mantecón demuestra que la reactivación de las corridas estuvo directamente vinculada a la necesidad de recursos para enfrentar las inundaciones crónicas que asolaban a la capital.

La tauromaquia, así, dejó de ser únicamente un espectáculo para convertirse en un instrumento financiero del Estado porfirista. El ocio popular financiaba la infraestructura urbana; el aplauso del tendido ayudaba a drenar las aguas de la ciudad.

La velocidad con la que se otorgaron licencias y permisos para nuevas plazas de toros revela el grado de complicidad entre empresarios taurinos y autoridades políticas. Las Actas del Cabildo de 1887 muestran una administración municipal más preocupada por garantizar el flujo de ingresos que por la seguridad estructural de los cosos o el cumplimiento riguroso de reglamentos técnicos.

Casos como el de la compañía Ferrer Hermanos, que solicitó permiso para explotar una plaza recién construida “desde el domingo próximo” y lo obtuvo en cuestión de días, ilustran un patrón: licencias exprés, inspecciones laxas y reglamentos provisionales aprobados al vapor. El Ayuntamiento de la Ciudad de México actuó no como un ente regulador estricto, sino como un facilitador activo del negocio taurino.

Este fenómeno no fue casual. El Porfiriato se caracterizó por una estrecha relación entre poder político y capital privado. Las corridas de toros se insertaron perfectamente en esa lógica: eran negocio, espectáculo, recaudación fiscal y control social al mismo tiempo.

A pesar de la expansión de otras formas de entretenimiento —teatro, ópera, circo, cafés-concierto—, las corridas de toros mantuvieron un lugar preponderante en el gusto popular. La plaza era uno de los pocos espacios donde convivían, aunque de manera jerarquizada, distintos estratos sociales: el pueblo llano en los tendidos más económicos; la burguesía emergente en localidades preferentes; y la élite política y económica en palcos exclusivos.

Sin embargo, esa popularidad no estuvo exenta de críticas. Sectores de la élite afrancesada, intelectuales liberales tardíos y reformadores morales veían en la tauromaquia un obstáculo para la “civilización” del país. Consideraban que el progreso material impulsado por el régimen debía ir acompañado de una transformación de las costumbres, y que las corridas representaban un anacronismo incompatible con la imagen moderna que México buscaba proyectar al mundo.

Esta tensión refleja una contradicción central del Porfiriato: mientras se importaban modas, arquitecturas y discursos europeos, se explotaban prácticas culturales profundamente populares para garantizar estabilidad interna. La modernización fue selectiva, pragmática y profundamente desigual. Los toreros se convirtieron en héroes populares en contraste con el afrancesamiento de las élites porfiristas.

Porfirio Díaz no sólo toleró las corridas de toros; las promovió activamente como parte de su proyecto nacional. En un país marcado por rebeliones, pobreza y exclusión política, el espectáculo taurino funcionó como una válvula de escape colectiva y como un ritual de orden. Todo estaba reglamentado: horarios, precios, impuestos, permisos. Incluso la emoción debía transcurrir dentro de límites bien definidos.

No es casual que figuras revolucionarias posteriores, como Emiliano Zapata y Francisco Villa, también fueran defensores de la fiesta brava. La tauromaquia atravesó ideologías y proyectos políticos porque respondía a una dimensión cultural profunda, anterior y posterior al Porfiriato. Pero fue bajo Díaz cuando alcanzó una institucionalización sin precedentes.

La popularidad de la fiesta brava no se extinguió con el fin del Porfiriato. Las corridas continuaron durante la Revolución Mexicana y se mantuvieron como un elemento central de la cultura popular a lo largo del siglo XX. Sin embargo, su auge durante el régimen de Díaz dejó una huella imborrable: consolidó la infraestructura taurina, profesionalizó el espectáculo y lo integró de manera estructural a la economía urbana.

Analizar la tauromaquia porfirista no implica una defensa acrítica ni una condena moral automática. Implica reconocerla como un fenómeno histórico complejo, atravesado por intereses económicos, disputas culturales y estrategias políticas. La fiesta brava fue, en muchos sentidos, un espejo del Porfiriato: brillante y violenta, popular y elitista, moderna y arcaica al mismo tiempo.

En esa arena, como en la del poder, el régimen supo administrar pasiones, recaudar recursos y mantener el orden. Y quizá por eso, más de un siglo después, el debate sobre las corridas sigue siendo también un debate sobre el país que fuimos y el que aún no terminamos de dejar atrás.