Tauromaquia, poder y proyecto de nación: Santa Anna y Juárez frente a las corridas de toros
- Onel Ortíz Fragoso

- 20 ene
- 5 Min. de lectura
Por Onel Ortíz Fragoso
@onelortiz
El siglo XIX mexicano fue un laboratorio político y cultural donde se ensayaron —con sangre, leyes y símbolos— distintos proyectos de nación. En ese escenario convulso, las corridas de toros no fueron un asunto menor ni un simple entretenimiento: funcionaron como un espejo de las tensiones entre tradición y modernidad, entre el orden heredado del mundo colonial y la aspiración republicana. Dos figuras antagónicas encarnan como pocas esa disputa simbólica: Antonio López de Santa Anna y Benito Juárez. Más allá de juicios morales a favor o en contra de la tauromaquia, sus posturas y prácticas frente a las corridas revelan visiones opuestas del poder, del Estado y de la civilización.
Ambos fueron protagonistas centrales del siglo XIX. Santa Anna, once veces presidente, es inseparable de episodios decisivos: la derrota del intento de reconquista española encabezado por Barradas, la Guerra de los Pasteles, la guerra por la independencia de Texas y la invasión norteamericana. Juárez, por su parte, pertenece a la generación que hizo la Revolución de Ayutla, ganó la Guerra de Reforma, derrotó al Segundo Imperio y restauró la República. Sin embargo, mientras uno utilizó las corridas como escenario de exhibición política y ritual del poder, el otro las combatió como símbolo de un pasado que debía superarse para construir una nación moderna.
La afición taurina de Santa Anna no fue una anécdota privada, sino parte de su estilo de gobierno. En la etapa de su mayor autoritarismo —cuando se hacía llamar “Su Alteza Serenísima”— existen registros oficiales de su asistencia a corridas en al menos once ocasiones, sin contar las visitas anónimas. Las plazas de toros funcionaron entonces como espacios de representación política, donde el general aparecía rodeado de su corte y de mandos militares, en balcones engalanados con el pabellón nacional. La corrida era, en ese sentido, un acto cívico a su manera: una ceremonia donde el poder se hacía visible, cercano y festivo.
Los festejos en su honor eran comunes. El 21 de enero de 1855, por ejemplo, se celebró una función en la Plaza de Toros del Paseo Nuevo con toros de la reconocida ganadería de Atenco. No se trataba sólo de diversión, sino de una escenificación del orden social que Santa Anna pretendía encarnar: jerárquico, personalista y profundamente ritualizado. Su cercanía con figuras del toreo, en especial con Bernardo Gaviño —quien encabezaba las cuadrillas cuando el general estaba presente— reforzaba ese vínculo entre autoridad política y espectáculo público.
En un país exhausto por la guerra y la inestabilidad, la tauromaquia ofrecía a Santa Anna una herramienta de legitimación. Las corridas distraían, cohesionaban y, al mismo tiempo, reforzaban una idea de nación anclada en tradiciones heredadas de la Colonia. No es casual que, aunque hoy se le recuerde más por su pasión por las peleas de gallos, las corridas de toros formaran parte esencial de su vida pública. Ambas prácticas compartían una lógica: la exaltación del valor, la fuerza y el riesgo, virtudes que el general gustaba de asociar a su propia figura.
Si Santa Anna veía en la tauromaquia un aliado del poder, Juárez la consideró un obstáculo para el progreso. Su oposición a las corridas no fue sólo personal, sino política y filosófica. Para el presidente oaxaqueño, la República debía distinguirse del orden colonial no sólo en las leyes, sino en las prácticas cotidianas que moldeaban la vida pública. La tauromaquia, a sus ojos, era una expresión de barbarie incompatible con la civilización que México aspiraba a ser.
Esa convicción se tradujo en una medida histórica. El 28 de noviembre de 1867, pocos meses después de la derrota del Imperio y del fusilamiento de Maximiliano, Juárez firmó el decreto que suspendió las corridas de toros en la Ciudad de México. No fue un gesto menor: la prohibición se inscribía en un esfuerzo más amplio por redefinir los espectáculos públicos de la era republicana. La capital debía ser ejemplo de sobriedad, orden y racionalidad, valores que el liberalismo juarista colocaba en el centro del proyecto nacional.
El argumento de civilidad era claro. Las corridas representaban, según Juárez, un vestigio violento de un pasado que México debía dejar atrás. La República no podía construirse —sostenía— sobre rituales que normalizaban la crueldad y la muerte como entretenimiento. En ese sentido, la prohibición taurina dialogaba con otras reformas liberales: la separación Iglesia-Estado, la secularización de los cementerios, la educación laica. Todas apuntaban a desmontar el entramado simbólico del viejo régimen.
Sin embargo, la historia rara vez es lineal. A pesar de su postura antitaurina, Juárez mostró un pragmatismo notable en contextos extremos. Durante la guerra contra la intervención francesa, el Estado republicano recurrió a todos los recursos disponibles para sobrevivir. En ese marco, se permitió la realización de festejos taurinos gravados con impuestos destinados a financiar hospitales militares, como ocurrió durante el asedio de Puebla en 1863. La necesidad se impuso al ideal, revelando la complejidad de gobernar en tiempos de guerra.
Este episodio no contradice, sino que matiza la postura juarista. Juárez no renegó de su convicción, pero entendió que la prioridad era sostener la defensa nacional. La tauromaquia, aun rechazada en lo ideológico, podía convertirse en una fuente de recursos para salvar vidas. Esa tensión entre principios y realidad distingue al estadista del dogmático.
La comparación entre Santa Anna y Juárez permite comprender que la discusión sobre las corridas de toros fue, en el fondo, una discusión sobre el rumbo del país. Para Santa Anna, la tauromaquia era parte de un imaginario tradicional que reforzaba su autoridad personal y su visión del poder. La plaza de toros era un espacio donde el pueblo celebraba y, al mismo tiempo, reconocía al caudillo.
Para Juárez, en cambio, la República debía fundarse sobre nuevas bases culturales. Prohibir las corridas no era un capricho moral, sino un acto político orientado a transformar las costumbres. La civilización, en su concepción, no se limitaba al crecimiento económico o a la estabilidad institucional; implicaba también la erradicación de prácticas que consideraba incompatibles con una sociedad justa y moderna.
La prohibición juarista se mantuvo vigente durante 19 años, hasta que fue derogada por Porfirio Díaz en 1886. Ese dato es revelador: el Porfiriato, con su énfasis en el orden y el progreso, recuperó la tauromaquia como parte de una política de control social y de espectáculo urbano. Desde entonces, la fiesta brava ha ido y venido en la historia mexicana, siempre envuelta en polémica.
Hoy, organizaciones como Animal Héroes citan a Juárez y a otros liberales como referente históricos de la defensa animal. Su figura es invocada para legitimar una causa contemporánea que, aunque distinta en contexto, retoma el argumento de la civilidad. Al mismo tiempo, los defensores de la tauromaquia recuerdan que figuras centrales de la historia nacional —como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Santa Anna, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Francisco Villa— la vivieron como parte de la identidad cultural del país.
Reducir esta discusión a una dicotomía simplista —pro o contra las corridas— empobrece el análisis histórico. Santa Anna y Juárez no fueron meros aficionados o detractores: utilizaron la tauromaquia como herramienta política o la combatieron como símbolo de un proyecto de nación. Entender sus posturas permite comprender mejor el siglo XIX mexicano y las tensiones que aún persisten.
La plaza de toros, en ese sentido, fue un campo de batalla simbólico. En ella se enfrentaron dos visiones del México posible: una anclada en la tradición y el personalismo, otra orientada a la ley y al progreso republicano. La historia no ofrece respuestas definitivas, pero sí lecciones. Entre Santa Anna y Juárez no sólo se disputó el poder, sino el significado mismo de la civilización en México.




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